El social scoring que la UE prohíbe ya tiene parientes en España
La UE prohíbe puntuar a personas por sus datos desde 2025. España no tiene crédito social, pero sus algoritmos ya valoran tu riesgo 6 millones de veces.
Desde el 2 de febrero de 2025, el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial prohíbe una práctica con nombre propio: el social scoring. Es decir, puntuar o clasificar a las personas por su comportamiento o sus características —reales, inferidas o predichas— y usar después esa puntuación para darles un trato desfavorable en un contexto que nada tiene que ver con el origen de sus datos. La UE lo sitúa en la categoría más alta, la de las prácticas prohibidas, junto a la manipulación subliminal o la vigilancia biométrica masiva. Quien lo incumpla se expone a multas de hasta 35 millones de euros. Y la prohibición no exime a las administraciones públicas.
La imagen mental es el “crédito social” chino. España no tiene eso. Pero la pregunta honesta no es si existe un score único que nos ordene a todos, sino si la Administración ya cruza datos y nos cuelga una etiqueta de riesgo. Y ahí la respuesta es sí.
El caso más voluminoso es VioGén, el sistema del Ministerio del Interior que valora el riesgo de que una víctima de violencia de género vuelva a ser agredida. Asigna un nivel —no apreciado, bajo, medio, alto o extremo— y de ese nivel depende la protección policial que recibe. El sistema ha superado los seis millones de valoraciones de riesgo, y a finales de 2024 mantenía 101.008 casos activos. No es un experimento: es una máquina que ya decide, todos los días, cuánta vigilancia merece una persona. Y entre sus variables figuran la nacionalidad y el estatus migratorio.
No es el único. RisCanvi puntúa el riesgo de reincidencia de los presos en Cataluña y pesa en decisiones de libertad condicional. El EPV-R vasco ha sido criticado por usar la nacionalidad del agresor como criterio. En la Seguridad Social, la Tesorería rastrea con modelos predictivos los datos de 18,6 millones de trabajadores buscando “patrones de comportamiento” para detectar fraude. Y luego está BOSCO, el algoritmo que decide quién cobra el bono social de la luz: la fundación Civio descubrió en 2018 que dejaba fuera a familias que tenían derecho, y tardó siete años —hasta una sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2025— en lograr que el Gobierno entregara el código fuente.
Aquí está el matiz, y conviene decirlo con claridad: ninguno de estos sistemas es social scoring en el sentido estricto que prohíbe la UE. La norma exige que la puntuación produzca un trato desfavorable transversal o desproporcionado, fuera del contexto en que se recogieron los datos. VioGén o RisCanvi puntúan dentro de su propio terreno —proteger víctimas, evaluar a un preso— y la ley europea los situaría, como mucho, en la categoría de “alto riesgo”: permitidos, pero vigilados. No prohibidos. Afirmar que “España hace social scoring” sería falso.
Pero la frontera es fina. Lo que la UE quiso atajar con su línea roja —que una máquina opaca puntúe a un ciudadano y de esa puntuación dependan sus derechos— ya ocurre aquí, con otro nombre. A veces sin que se pueda ver el código que decide, como en BOSCO. A veces sin saber por qué la nacionalidad pesa en la cuenta, como en VioGén. La prohibición europea no llega para frenar un crédito social que no existe en España: llega para marcar dónde está el borde. Y conviene saber cuánto nos hemos acercado ya a él.