La empresa de 13 trabajadores que se quedó con S/36 millones del Estado
Galaga ofertó 70 conductores para las Elecciones 2026. Su planilla SUNAT acredita 13. La ONPE le adjudicó S/36 M en contratos del Estado. El dato que el debate legal entierra.
El expediente discute un tecnicismo: si la ONPE pudo, o no, descontar 2 metros al largo de ciertos vehículos para calcular su capacidad mínima —un criterio que no figuraba en las bases ni en la convocatoria. La Contraloría dice que no podía. Es la noticia que han contado todos. Pero ese debate legal entierra un dato más simple y más grande.
El dato es este: la empresa que se quedó con el transporte del material electoral de Lima y Callao, Servicios Generales Galaga S.A.C., tiene 13 trabajadores en planilla. Trece. Su planilla electrónica en SUNAT (febrero de 2026) acredita 13 empleados y 20 prestadores —33 personas en total, según el Ministerio Público. Con esa estructura, Galaga acumula 25 contratos con el Estado y más de S/36 millones desde 2018. Hagamos la cuenta que el expediente no hace: son unos S/2,8 millones de obra pública por cada empleado en planilla.
Para las Elecciones Generales 2026, Galaga ofertó 70 conductores. Es 5,4 veces su planilla completa y 2,1 veces toda su fuerza laboral formal (33). El Ministerio Público marca exactamente esa brecha: 70 declarados frente a 33 reales. Una cáscara administrativa pasó el filtro para desplegar cientos de vehículos en una sola jornada en la capital del país.
El descuento de 2 metros no es la anomalía. Es el mecanismo que dejó pasar a una empresa cuya plantilla formal no daba ni para los conductores que ella misma ofertó. La ONPE la adjudicó por S/6.368.332,75, pese a dos ofertas más baratas —AFE (–S/469.404) y Hermes (–S/168.148)—. Y no era la primera vez: la propia ONPE ya la había penalizado tres veces (2020, 2023) por retrasos y deficiencias en el despliegue de material.
Hay un segundo cruce. Tras la primera vuelta, la tarifa del repliegue de equipos saltó de S/0,60 a S/6,00 por kilogramo: un +900% que, según la Contraloría, no se justificó adecuadamente. El mismo proveedor que llegó tarde cobró diez veces más por recoger lo que no había entregado a tiempo.
Ahora la frontera que no cruzamos. La Contraloría documenta el hecho administrativo: la regla no prevista, los montos, los 10 funcionarios señalados —incluido el exjefe Piero Corvetto—, y las fallas que afectaron el voto de 55.261 ciudadanos el 12 de abril. Eso es hecho. Pero la colusión, el direccionamiento de las bases y la responsabilidad penal son presuntos: la Fiscalía investiga, hubo allanamientos, y todo queda en sospecha hasta que lo resuelva un juez. El 11 de febrero, el Consorcio AFE ya había alertado por escrito de una “presunta filtración y direccionamiento”. El aviso llegó a la jefatura. Se archivó.
El debate sobre los 2 metros decidirá si alguien firmó mal. El dato de los 13 trabajadores explica por qué importa.