El IMV se ha comido 17.700 M€ y el Tribunal de Cuentas señala fallos de diseño
España lleva más de 17.700 M€ en el Ingreso Mínimo Vital desde la pandemia. El Tribunal de Cuentas dice que el dinero no se diseñó para medir si funciona.
España lleva gastados más de 17.700 millones de euros en el Ingreso Mínimo Vital desde que lo creó en plena pandemia, en 2020. Es la prestación bandera contra la pobreza, el escudo que iba a sacar a los hogares más vulnerables del agujero. Y después de seis años y casi dieciocho mil millones, el Tribunal de Cuentas acaba de poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿alguien diseñó esto para saber si funciona?
La respuesta del órgano fiscalizador es no. En su Informe n.º 1.626, sobre los ejercicios 2022 y 2023, el Tribunal concluye que el IMV “adolece de importantes deficiencias en su diseño”. La más grave no es de gestión, es de raíz: la prestación “carece, desde el momento inicial, de un objetivo específico referenciado a concretos niveles de pobreza”. Traducido: se reparte el dinero, pero nunca se fijó cuánta pobreza tenía que reducir. Sin meta, no hay forma de decir si los millones cumplen o se evaporan.
Los números que sí se pueden medir no acompañan. En 2023, el IMV solo llegaba al 40% de los potenciales beneficiarios. Desde 2020 hasta finales de 2023 se resolvieron 2.332.852 solicitudes, y el 68% —más de millón y medio de hogares— se quedó fuera por no reunir los requisitos. Quien sí logra entrar, espera: el plazo medio de resolución fue de 154 días en 2023, y en el 43% de los casos se superó el tope legal de seis meses. Familias en pobreza severa aguardando más de medio año un dinero pensado para la urgencia.
El Tribunal también apunta al cómo. La Seguridad Social tramita el IMV con dos aplicaciones informáticas distintas que fragmentan los datos e impiden un control y un seguimiento adecuados de las solicitudes. Y la coordinación entre administraciones —Estado y comunidades, que gestionan rentas autonómicas que se solapan— “no ha sido la adecuada”: la Comisión de Seguimiento, prevista desde el nacimiento de la prestación, no llegó a constituirse hasta mayo de 2024, cuatro años tarde.
Conviene la honestidad con las cifras. Los 17.700 millones son el coste acumulado hasta 2026; las cifras de eficacia (el 40%, los 154 días, el 68% de rechazos) corresponden al periodo que el Tribunal fiscalizó, 2022 y 2023. El informe no habla de fraude ni de manos en la caja: habla de algo menos escandaloso y más caro a largo plazo —un programa social del tamaño de un presupuesto ministerial que se montó sin el instrumental para saber si está funcionando.
El Tribunal de Cuentas no pide cerrar el grifo. Recomienda lo contrario: reorientar el IMV para cubrir de verdad el umbral de pobreza severa y agilizar la admisión y los plazos en el INSS. Es decir, que el dinero llegue a quien debe y que alguien, por fin, mida si llega. Seis años y casi dieciocho mil millones después, esa parte sigue pendiente.