La ley que apagó el control previo de la Contraloría — y duró tres meses
Una ley quitó a la Contraloría el control previo de los contratos, dio al Presidente el Directorio del SERCOP y mandó controlar con máquinas. La Corte la tumbó a los 99 días.
Durante 99 días, los contratos públicos de Ecuador dejaron de pasar por el filtro previo de la Contraloría. No por descuido: por ley.
La Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), vigente desde el 26 de junio de 2025, tocó tres candados del sistema de compras públicas a la vez. No uno. Tres.
Uno. Quitó a la Contraloría el examen previo del contrato. La Disposición Reformatoria Cuarta reescribió el artículo 18.1 de su ley orgánica y lo dejó en una fórmula genérica: la Contraloría hará “los controles que considere necesarios”. Desaparece el informe de pertinencia y favorabilidad previo y obligatorio sobre la documentación, el que se aplicaba antes de adjudicar. Su asesoría pasa a prestarse solo “a petición” y “sin que (…) implique vinculación en la toma de decisiones”.
Dos. Puso la presidencia del Directorio del SERCOP —el máximo órgano de las compras públicas— en manos del Presidente de la República, o su delegado, con voto dirimente (art. 11 LOSNCP). Antes lo presidía el Ministerio de Producción, que en el nuevo texto quedaba relegado al cuarto puesto de la lista. El Director General del SERCOP, a secretario “con voz, pero sin voto”.
Tres. Ordenó sustituir el criterio de los revisores humanos por máquinas. El artículo 14 manda controlar la fase precontractual con “herramientas tecnológicas automatizadas y emergentes” y, textual, “sin que el criterio subjetivo de los servidores públicos revisores influya en la acción de control”.
Aquí termina el dato y empieza el contexto. Estos tres cambios coincidieron con una Contraloría que seguía destapando casos: 11,6 M USD en responsabilidades contra 68 servidores de 13 hospitales por compra de medicamentos, y la trama Sinohydro / Coca Codo Sinclair, con ~76 M USD en sobornos. No decimos que la ley se hiciera para tapar nada —no consta en el texto y no lo afirmamos—. Sí dejamos a la vista el contraste: el control fiscal se debilitó justo cuando el control fiscal producía glosas grandes.
El final del expediente, por ahora, lo escribió la justicia. La Corte Constitucional declaró inconstitucional la LOIP por vicios de forma —se tramitó como “urgente”—, en sentencia publicada en el Registro Oficial el 3 de octubre de 2025. La Contraloría retomó sus informes de pertinencia y favorabilidad el 6 de octubre. El control previo volvió a encenderse.
No te decimos que hoy la Contraloría no controla. Te decimos lo que pasó: se intentó apagar el control previo de los contratos públicos, estuvo apagado unos tres meses y medio, y un fallo lo volvió a encender. Ese es el hecho. Lo demás —para qué— lo juzgas tú.