El Estado pagó 104 millones por adelantado por unas térmicas de emergencia que nunca dieron un vatio
Ecuador pagó por adelantado 104,37 M (el 70% del contrato) por generación térmica de emergencia que, según la Fiscalía, nunca entró en operación. 21 procesados por presunto peculado. Causa viva.
Conviene empezar por lo que aún no está probado. La causa del caso Apagón está viva en la Corte Nacional de Justicia, no hay sentencia y todo lo que se imputa es presunto peculado. Rige la presunción de inocencia, para los 21 procesados. Dicho esto, hay una cifra que no es presunta: lo que salió de las arcas del Estado.
Lo que salió, y lo que no llegó
En agosto de 2024, en plena crisis eléctrica y con los apagones azotando al país, Celec firmó con Progen dos contratos de emergencia por 149,1 millones de dólares: Salitral (99,4 M, 29 grupos electrógenos) y Quevedo (49,7 M, 21 grupos). Sobre ese total, el Estado pagó por adelantado el 70%: 104,37 millones. El dinero salió. La luz, no. Según la Fiscalía, esa generación de emergencia “nunca entró en operación”.
En crudo: el perjuicio que la acusación imputa no es un sobreprecio ni una comisión. Es el anticipo íntegro de unas máquinas que no dieron un solo vatio.
Cuidado con las tres cifras
Aquí es fácil que el relato se enrede, así que conviene fijarlas. 149,1 M es el valor total de los dos contratos. 104,37 M es el anticipo del 70% pagado por adelantado: la cifra que la Fiscalía señala como el perjuicio al Estado. Y los ~140 M que circulan en prensa son la estimación de la Contraloría, pero esa suma incluye el contrato de Austral (ATM): no es todo Progen. Solo por Progen, la glosa de Contraloría ronda los ~100 M, según la auditoría reportada por prensa. Tres cifras, tres cosas distintas.
Las pistas de la auditoría
Lo que sostiene la acusación dibuja un cuadro incómodo. Progen Industries LLC no estaba domiciliada en Ecuador y aun así se le adjudicó y pagó. El fabricante certificó que no vendió esos equipos a Progen. Las placas mostraban año 2009, pese a ofertarse como modelos de 2023. Y equipo presentado como “nuevo” aparecía cubierto con plástico, pero no lo era. Son elementos de la auditoría y del peritaje, todavía por validar en juicio.
El 14 de mayo de 2026 la Fiscalía formuló cargos contra 21 personas. El 22 de mayo se dictó prisión preventiva para la mayoría, incluidos el exministro de Energía Antonio Gonçalves —que califica su detención de “ilegal”— y el exgerente de Celec Fabián Calero. Dos representantes de Progen están con alerta roja de Interpol.
Lo que no se puede tachar
Hay un matiz humano que no conviene tachar: según la prensa local, varios de los técnicos ahora presos habían alertado sobre el estado de los equipos viejos, y aun así fueron enviados a prisión. No todos los procesados están en la misma posición, y eso lo dirá la causa.
Lo único que el relato de la emergencia no puede tachar es la cifra: el Estado pagó 104,37 millones por adelantado por unas térmicas que, según la Fiscalía, nunca arrancaron. La pregunta para España, donde la contratación de emergencia (art. 120 LCSP) se disparó con la pandemia —caso mascarillas, caso Koldo— y vuelve a la mesa tras el apagón ibérico del 28 de abril de 2025: ¿cuánto control hay sobre los anticipos cuando la contratación eléctrica de emergencia se acelera? El delito, si lo hubo, lo dirá un tribunal.
Información elaborada sobre fuente primaria (Fiscalía General del Estado de Ecuador) y prensa solvente (El Universo, Primicias). Las cifras de glosa proceden de la auditoría de Contraloría reportada por prensa, no del documento en mano. Causa viva: el peculado es la imputación de la acusación, no acreditada en sentencia, y rige la presunción de inocencia. Asistido por IA · Revisado · Dirección.