El gobierno vació el fondo militar por ley y ahora lo repone vendiendo cuarteles
En enero el Presupuesto le quitó al fondo militar su 0,8% garantizado. En abril, un DNU lo repone vendiendo inmuebles: Defensa se queda hasta el 70%.
El comunicado lo vende como modernización: “Plan ARMA, para fortalecer el reequipamiento de las Fuerzas Armadas”. Lo que el anuncio no pone en grande es de dónde sale ahora la plata. Y la respuesta está en la letra del decreto: de vender ladrillos públicos.
El Decreto 314/2026, firmado el 30 de abril y publicado en el Boletín Oficial el 4 de mayo, afecta a Defensa el 10% del producido de la venta, locación o privatización de inmuebles del Estado nacional. Pero hay una cláusula que conviene leer despacio: si el inmueble estuvo afectado en uso a Defensa, el porcentaje sube al 70%. En crudo: vender el propio cuartel para comprar el avión, y quedarse con siete de cada diez pesos de la operación. Lo dice el artículo 2, que reescribe el viejo régimen de inmuebles fiscales.
Hasta aquí, una decisión de financiamiento. El hallazgo aparece cuando se mira la secuencia.
En enero, la Ley de Presupuesto 2026 derogó el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565: exactamente el que garantizaba al fondo militar (FONDEF) un aporte estatal del 0,8% de los ingresos corrientes. Era una financiación plurianual, previsible, escrita en una ley votada en 2020. De un plumazo presupuestario, ese flujo pasó a cero; al FONDEF solo le quedaron donaciones y aportes privados.
Cuatro meses después, el mismo gobierno descubre una “urgencia”. El DNU invoca textualmente que la premura “hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes” — la fórmula para esquivar al Congreso. Y para resolver esa urgencia, abre la venta de inmuebles.
El problema es que la urgencia es autoinfligida. El reequipamiento dejó de tener caja asegurada porque este mismo oficialismo le quitó la caja, por ley, en enero. Primero se vacía el fondo; después se declara la emergencia que el vaciamiento creó; al final se reemplaza una política de Estado plurianual por algo dependiente de cuántos inmuebles se logre vender, y a qué precio. El propio decreto, para colmo, afirma que sus recursos “no reemplazan ni afectan” al fondo, sino que son “una fuente adicional y complementaria” — lo contrario de lo que la cronología muestra.
Dos aclaraciones, porque EN CRUDO no afirma lo que no vio. El decreto no contiene ninguna excepción a la licitación ni autoriza compras directas: solo redirige dinero. Y la derogación del 0,8% está confirmada en el texto oficial: el artículo 30 de la Ley 27.798 (Presupuesto 2026) deroga el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 —exactamente el aporte estatal escalonado que llegaba al 0,8%—, verificado contra el Boletín Oficial.
Lo que sí queda probado, con el decreto entero a la vista: un fondo militar que era ley se volvió caja de subastas. El Estado Mayor Conjunto tiene 90 días para elevar sus requerimientos “urgentes”. El cronómetro lo puso el mismo que antes apagó el grifo.