El 85,1% de los españoles ve la desinformación como una amenaza para la democracia
El CIS pregunta a 3.493 españoles por los bulos. El 85,1% los ve como una amenaza para la democracia y el 61,2% apunta a un único sospechoso: la política.
El 85,1% de los españoles cree que la desinformación es una amenaza para la democracia. No es una cifra de un laboratorio de ideas ni de una ONG: la firma el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, el organismo público que toma el pulso a la opinión del país. Entre el 4 y el 19 de mayo de 2026 preguntó a 3.493 personas en 1.042 municipios qué piensan de los bulos. La respuesta dibuja un país que se siente rodeado de mentiras y que, además, sabe señalar de dónde vienen.
Porque el dato grueso es la alarma, pero el dato fino es el dedo acusador. A la pregunta de en qué ámbito se produce más desinformación, el 61,2% responde lo mismo: la política. Por delante de los rumores de barrio, de la publicidad o de la salud, los españoles colocan el discurso político como la principal fábrica de bulos del país. Y afinan más: el 91,7% cree que hay partidos que utilizan deliberadamente medios para desinformar. La desconfianza no es difusa, tiene domicilio.
La sensación de saturación es casi unánime. El 91,1% percibe que circulan “muchos o bastantes bulos” en España —el 47,4% dice directamente “muchos”—. Y nueve de cada diez (90,9%) creen que esa desinformación sirve para “manipular la opinión pública”. Es decir: no se vive como ruido inocente, sino como una herramienta con intención. Cuando una mayoría así de amplia comparte la misma sospecha, deja de ser una opinión y empieza a ser un clima.
Conviene la honestidad con lo que mide esta encuesta. El CIS no ha contado bulos ni ha auditado mentiras: ha medido percepción. El 85,1% no demuestra que la democracia esté amenazada, demuestra que la gente lo cree. Y ese matiz no rebaja el hallazgo, lo agrava: que dos de cada tres ciudadanos desconfíen por sistema del mensaje político es, en sí mismo, un problema democrático, se hayan multiplicado los bulos o no. La sospecha erosiona igual que el hecho.
Esa desconfianza viene con una factura concreta y con una demanda explícita. El 86% pide regular y sancionar con más dureza la difusión de información falsa. El 88% quiere que las redes sociales se sometan de forma obligatoria a un código contra la desinformación. Y el 84,3% considera necesarios a los verificadores. El votante español, según el CIS, no solo diagnostica el problema: reclama que alguien —el legislador, las plataformas, los fact-checkers— le ponga remedio.
Queda la pregunta incómoda que el propio estudio no resuelve. Una ciudadanía que ya da por hecho que la política miente puede reaccionar de dos maneras opuestas: exigiendo más verificación, o dejando de creer en todo por igual —incluido lo cierto—. Ese desgaste del crédito público es el verdadero terreno en disputa. El 85,1% es la foto del miedo. Lo que España haga con ese miedo es lo que decidirá si la amenaza se contiene o se cumple sola.