Las cuentas del Estado cuadran 4.090 M€ de menos, y un consejero vota que no se fíen
El Tribunal de Cuentas avala las cuentas del Estado de 2024, pero por primera vez un consejero vota en contra: el problema no es el desfase, es la fiabilidad.
El Tribunal de Cuentas ha aprobado la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024. La noticia no es que la apruebe —lleva décadas haciéndolo, ejercicio tras ejercicio, con salvedades—. La noticia es lo que pasó dentro del Pleno: por primera vez, un consejero votó en contra del informe. El órgano que certifica las cuentas de España deja constancia, por escrito y con un voto disidente, de que no se fía del todo de las cuentas que está firmando.
El número que está debajo de esa desconfianza es 4.090,3 millones de euros. Es lo que, según el propio Tribunal, está sobrevalorado el resultado presupuestario consolidado del ejercicio. Dicho en plata: el cierre de 2024 sale más favorable de lo que sería si cada gasto y cada ingreso estuviera anotado en el año que toca.
Qué pasó con el dinero
El mecanismo es el de siempre, pero a una escala que esta vez ha incomodado al Pleno. Parte del gasto generado en 2024 no se imputó al ejercicio, mientras obligaciones de años anteriores se metieron en este cierre. Las pensiones de diciembre de 2024 se contabilizan en 2025, lo que infravalora el ejercicio en más de 1.000 millones y suaviza el resultado anual.
El Tribunal lo describe sin rodeos: este desplazamiento de operaciones entre ejercicios “altera el resultado y ofrece una imagen más favorable”. Rompe el principio de temporalidad, que es la regla básica de la contabilidad pública: cada euro, en su año.
No es lo único que arrastra el informe. Quedan más de 5.300 millones en obligaciones no reconocidas y más de 2.000 millones en derechos pendientes que habrá que trasladar a ejercicios futuros. Hay además 1.627,1 millones en pagos pendientes de justificar fuera de plazo. Y un dato estructural que ya es costumbre: la Seguridad Social cierra con un patrimonio neto negativo de 106.138,7 M€, el octavo año consecutivo en rojo.
Por qué importa el voto, no la cifra
Una salvedad de 4.090 millones es grave, pero lo verdaderamente nuevo aquí es institucional. El Tribunal de Cuentas funciona por consenso: sus declaraciones salen, año tras año, con un Pleno alineado que avisa de los defectos pero firma. Que un consejero rompa ese consenso y vote no significa que dentro del propio guardián de las cuentas hay quien considera que las salvedades ya no bastan para describir lo que está pasando.
El dictamen final es “favorable con salvedades”. Pero el voto en contra deja una marca: la fiabilidad de la imagen fiel de las cuentas del Estado —el sello de calidad que se supone que aporta el Tribunal— ha dejado de ser unánime.
Para el lector español la traducción es directa. El resultado presupuestario que el Gobierno presenta, y sobre el que se discuten déficit, gasto e inversión, viene con una advertencia firmada por el órgano fiscalizador: estos números ofrecen una foto más amable que la real. Y esta vez, alguien de dentro se ha negado a avalarla.