Solo el 0,7% de los contratos públicos se denuncia: ¿poca corrupción o poca vigilancia?
De cada 1.000 contratos públicos que tramita España, se denuncia menos de uno. La cifra parece tranquilizadora. El problema es lo que en realidad mide.
España adjudica contratos públicos a un ritmo récord: 206.210 expedientes de licitación en 2024, casi el doble que en 2018. Sobre toda esa montaña de dinero público, las denuncias y recursos por irregularidades suman apenas el 0,7% del total. Una de cada 890 contrataciones. El resto pasa sin que nadie ponga una pega por escrito.
Esa cifra admite dos lecturas opuestas. Y la diferencia entre ellas no es menor.
La lectura tranquilizadora
Si solo el 0,7% de los contratos genera queja, el otro 99,3% estaría limpio. Es la conclusión cómoda: el sistema funciona, las irregularidades son anecdóticas, y quien denuncia es la excepción rara dentro de una maquinaria sana.
El problema es que ese 0,7% no mide la corrupción que hay. Mide la que alguien se molesta en denunciar. Son cosas distintas.
La lectura incómoda
Los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) apuntan en otra dirección. Las denuncias no caen: están en máximos. En 2023 se registraron 221, la cifra más alta de la serie histórica y un 18% más que el año anterior. Y cuando se mira por qué se denuncia, la causa más frecuente —el 32,6% de los casos entre 2019 y 2023— son presuntas irregularidades en la adjudicación: cómo se tramita el expediente, cómo se reparte el contrato. Otro 20,6% apunta directamente a trato de favor, conflictos de interés y tráfico de influencias.
Los técnicos de Hacienda de Gestha, que explotan estos datos, lo dicen sin rodeos: alertan de una escalada del fraude. La cifra del 0,7% no los tranquiliza; les preocupa lo que esconde.
El dato que inclina la balanza
Hay un número que decide la discusión. De esas 221 denuncias de 2023, solo 90 se investigaron —cuatro de cada diez— y ninguna se elevó a la Fiscalía. Cero. El canal de los recursos cuenta lo mismo: de los casi 28.000 presentados desde 2019, solo prospera alrededor del 30%. Más de siete de cada diez reclamaciones no se analizan a fondo o se archivan.
Ese es el punto. Un 0,7% de denuncias sería una buena noticia si todo lo que se denuncia se investigara y casi nada resultara fundado. Pero ocurre lo contrario: se denuncia poco, se investiga menos y se persigue casi nada. La cifra ínfima no describe un sistema limpio. Describe uno en el que poner una pega es raro, costoso y, casi siempre, inútil.
El 0,7% no responde a si hay poca corrupción. Responde a otra cosa: a cuánta vigilancia hay. Y la respuesta, vista de cerca, es poca.