El gobierno de Kast dice que Boric dejó US$3.200 M sin pagar. Mira a quién: 9.986 pymes
El gobierno de Kast cifra en US$9.200 M el riesgo fiscal que dejó Boric. La Contraloría no lo ha validado. Pero el dato crudo es a quién no se pagó.
El gobierno de José Antonio Kast presentó el 25 de mayo una auditoría que llamó “Inspección Total”: revisó más de 913 millones de registros de más de 500 servicios públicos del periodo 2022-2026. Su titular recorrió todos los medios: US$9.200 millones de “riesgo fiscal” en la era Boric, US$3.200 millones de pagos postergados al 2026, cerca del 1% del PIB.
Antes de seguir, el matiz que casi nadie pone arriba: esa cifra es de la auditoría del propio Ejecutivo entrante, hecha por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), no de la Contraloría. A la fecha, la Contraloría no ha validado esas cifras. Es un gobierno que audita a su antecesor, y el equipo de Boric las disputa.
El dato que el titular entierra
Lo verdaderamente crudo no es la palabra “deuda”. Son los US$3.200 millones postergados, porque no son una abstracción contable: son cuentas por cobrar de proveedores concretos del Estado. Según el desglose que comunicó el gobierno:
- US$1.000 M a proveedores de salud (insumos y prestadores).
- US$650 M a empresas de alimentación escolar, vía Junaeb.
- US$400 M a gratuidad universitaria.
- US$268 M a 9.986 pymes proveedoras.
El número más en crudo es ese último. Casi diez mil pequeñas empresas que le vendieron al Estado y no cobraron: un promedio de unos US$26.800 por pyme. Es el rostro humano de la cifra macro —proveedores pequeños que financiaron al fisco con su propia caja— mientras el debate se queda arriba, en el forcejeo político por la palabra “deuda”.
Lo que es hecho y lo que está en disputa
La subsecretaria General de la Presidencia, Constanza Castillo, calificó la postergación como “el nivel más alto detectado en los últimos traspasos presidenciales”, y el gobierno sostiene que casi triplica lo que dejó Bachelet a Piñera. Eso, dicho por el oficialismo entrante, es la lectura de una parte interesada.
La otra parte responde. El exministro de Hacienda Nicolás Grau sostiene que “la proyección de deudas es consistente y no tiene errores de cálculo”, e invitó a Hacienda a recibir a los técnicos de la DIPRES del gobierno saliente. El exministro Mario Marcel advirtió contra “proyectar supuestos impactos sobre los bolsillos de las familias” antes de revisar a fondo.
Postergar pagos en un traspaso presidencial es práctica conocida; la disputa es de grado, no de existencia. Y mientras la calificación de “deuda” o “irregularidad” siga sin el aval de la Contraloría, es una cifra que el Ejecutivo presenta y la oposición discute. Lo que sí está sobre la mesa, con nombre y número, es quién dejó de cobrar.