Caso Koldo: el presunto amaño de las mascarillas , contrato a contrato
Casi 50 M€ en contratos de mascarillas a una empresa que facturaba cero. El Supremo ya juzga a Ábalos y a Koldo. Te lo contamos contrato a contrato.
En 2019, Soluciones de Gestión SL facturó cero euros. En 2020, casi 54 millones. Entre una cifra y otra ocurrió la pandemia y, según la investigación del Tribunal Supremo, una sucesión de contratos públicos de mascarillas que hoy sienta en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. Es una causa en curso: lo que sigue son hechos procesales y datos públicos. Nadie ha sido condenado y rige la presunción de inocencia.
El relato se entiende mejor contrato a contrato. El más voluminoso lo firmó Puertos del Estado el 21 de marzo de 2020: 20 millones de euros. Seis días después, ADIF —dependiente del entonces Ministerio de Transportes, que dirigía Ábalos— adjudicó otros 12,5 millones. El 20 de abril, el Ministerio del Interior sumó 3,5 millones. A esos se añadieron encargos autonómicos: el Gobierno balear pagó 3,7 millones y después reclamó 2,6 por mascarillas presuntamente defectuosas. En conjunto, los contratos que investiga el Supremo rozan los 50 millones de euros, todos a una misma sociedad que el año anterior no ingresaba nada.
¿Qué sostiene la acusación? Que esas adjudicaciones no fueron casuales. La Fiscalía Anticorrupción mantiene que los tres investigados habrían actuado, presuntamente, “de manera coordinada para explotar la influencia directa del entonces ministro de Transportes con el objetivo de obtener un beneficio económico personal”. En otras palabras: comisiones a cambio de contratos. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil calcula que Aldama habría podido llevarse hasta 6,6 millones por las operaciones de mascarillas y test. Conviene subrayar el condicional: son la tesis acusatoria y un informe policial, no hechos probados en sentencia.
Lo que sí está cerrado es el estado procesal. El 10 de diciembre de 2025, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo confirmó el procesamiento de Ábalos y de Koldo García por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal. El instructor, el magistrado Leopoldo Puente, abrió juicio oral. Para entonces, ambos ya estaban en prisión provisional —en Soto del Real desde el 28 de noviembre— sin fianza. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19,5 para Koldo García y 7 para Aldama; las acusaciones populares elevan la petición hasta los 30 años para los dos primeros.
Para el lector español, el caso es algo más que un sumario voluminoso. Es la radiografía de cómo se gastó el dinero público en el momento de máxima urgencia sanitaria, cuando los procedimientos de contratación se relajaron al límite para comprar material a cualquier precio. Buena parte de aquellas mascarillas se adquirió por emergencia, sin concurso, fiando la decisión a unos pocos despachos. La pregunta que el juicio deberá responder no es si hubo prisa —la hubo, en toda Europa—, sino si esa prisa se usó como coartada para repartir contratos. La respuesta, de momento, la tiene el tribunal.
Mientras tanto, los datos están a la vista: una empresa sin ingresos, casi 50 millones en contratos en pocas semanas, y tres procesados camino del banquillo. Lo demás —quién cobró qué y por qué— es lo que el Supremo tendrá que probar.
Información elaborada con fuentes judiciales (Tribunal Supremo / CGPJ) y medios verificados. Causa en curso: todas las imputaciones son presuntas y rige la presunción de inocencia. Asistido por IA · Revisado · Dirección.