Begoña Gómez y los contratos bajo la lupa del juez: qué dice el sumario y qué no
El juez Peinado quiere juzgar a Begoña Gómez ante un jurado. Separamos lo que el sumario investiga de lo que está probado: nada lo está.
Conviene empezar por lo que no sabemos. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, no ha sido condenada por nada. No hay sentencia, ni siquiera juicio: hay una investigación judicial en curso y una pregunta que el juez intenta responder. Todo lo que sigue es presunto, y rige la presunción de inocencia. Lo decimos ahora porque es el único punto de partida honesto.
¿Qué investiga exactamente el juez? El magistrado Juan Carlos Peinado indaga si Gómez habría usado su posición —la que le da ser quien es— para favorecer la adjudicación de contratos públicos al empresario aragonés Juan Carlos Barrabés. En abril de 2026, el instructor dio un paso relevante: propuso juzgarla ante un jurado popular por cuatro presuntos delitos —corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y apropiación indebida—. Es una propuesta, no una condena: que el juicio se celebre, y en qué términos, lo decidirá la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía tiene recursos pendientes sobre la mesa.
¿Y qué está probado? Aquí toca ser tajante: nada lo está. Lo que existe son indicios y datos contractuales. La Fiscalía Europea investiga tres contratos que el ente público Red.es adjudicó a empresas de Barrabés por unos 10,6 millones de euros, con dinero de fondos europeos. Antes de esas adjudicaciones, Gómez firmó dos cartas de aval al empresario. Informes técnicos citados en la causa hablan de una valoración “arbitraria” y una puntuación “injustificada” a su favor. La Fiscalía Europea dice haber detectado “indicios de manipulación” en los concursos. Indicios —esa es la palabra—, no hechos acreditados en sentencia.
La propia Gómez ha dado su versión. El 5 de mayo declaró como testigo —no como investigada— ante la Fiscalía Europea y negó haber influido: dijo que nunca habló de esos contratos con miembros del Ejecutivo ni con responsables de Red.es, y que sobre las cartas de aval no recordaba haberlas firmado hasta que el asunto “trascendió en los medios”. Su defensa pide la absolución y sostiene que no cometió delito alguno. Que su participación en las decisiones de adjudicación no está acreditada lo afirman las propias fuentes del caso.
El siguiente hito tiene fecha: el 9 de junio, Peinado ha citado a Gómez, a su asesora en Moncloa Cristina Álvarez y al propio Barrabés a una audiencia previa, con el aviso de que será “conducida por la fuerza pública” si no acude. De esa vista saldrá si el juez abre o no juicio oral. Para el lector español, el caso importa por lo que pone a prueba: si las cartas de recomendación de una persona próxima al poder pesan en un concurso público que paga el contribuyente. Esa es la pregunta del sumario. La respuesta —si la hay— no la tiene este artículo, ni el juez todavía: la tendrá, en su caso, un tribunal.
Información elaborada con medios solventes (El Español, TheObjective, Infobae) sobre fuentes judiciales. Causa en curso: todas las imputaciones son presuntas y rige la presunción de inocencia. Las cifras de los contratos varían según la fuente (10,6 M€ el conjunto de Red.es; 8,4 M€ la UTE Innova Next). Asistido por IA · Revisado · Dirección.